LA DENUNCIA DE LA CMF POR “FALSIFICACIóN Y USO MALICIOSO DE INSTRUMENTO PúBLICO” QUE INVOLUCRA A UN IMPUTADO DEL CASO PRIMUS
Eran las 10 de la mañana, cuando el 20 de marzo pasado funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) tocaron la puerta de la oficina del estudio jurídico Guzmán y Asociados, ubicado en avenida Alcántara, en la comuna de Las Condes. Tenían en sus manos una orden de “entrada y registro” dictada por la jueza Pilar Ahumada del 7° Juzgado de Garantía de Santiago a petición de la fiscal de la Fiscalía de Alta Complejidad, Patricia Cerda, y durante cinco horas registraron el bufete.
El estudio allanado es encabezado por el abogado Antonio Guzmán, quien hoy es imputado por la Fiscalía por los presuntos delitos de estafa y uso malicioso de instrumento privado. Esto, en el marco de la indagatoria que lleva adelante el fiscal Felipe Sepúlveda por el millonario fraude que afectó al factoring Primus Capital, controlado por el empresario Raimundo Valenzuela. Pero la diligencia de la policía civil corresponde a otro caso.
Hoy la legalidad de la diligencia está siendo debatida en tribunales y hace unos días escaló a la Corte Suprema. ¿La razón? La Corte de Apelaciones de Santiago desestimó el recurso de amparo que interpuso el abogado Germán Cueto por la incautación de los celulares y computadores de los abogados pertenecientes a ese bufete, Enzo Vespa, Ignacio Rousseau, Pablo Errázuriz, Lynka Castillo y Eduardo Ramírez. Ello, luego que la magistrada Carla Cappello ampliara la orden de investigar.
Este caso comenzó cuando el 15 de diciembre de 2023 la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Bernstein, interpuso ante el Ministerio Público una denuncia por “los presuntos delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento público”.
En su denuncia, la economista detalló a la Fiscalía que el 21 de diciembre de 2022 la Unidad de Investigación (UI) recibió una denuncia del abogado Álvaro Camus Cruz, quien dijo representar a Sasem Ingeniería y Construcción, agregando que las sociedades Electrans III y Chilquinta Distribución habían informado a distintos factoring que Sasem habría emitido facturas sin contar con las respectivas órdenes de pago, lo que a su juicio sería “falso e injurioso”. Luego, el 16 de enero de 2023, el fiscal de la UI de la CMF, Andrés Montes, remitió un oficio reservado en el que sostuvo que la denuncia presentada por él no revestía el carácter de una infracción a la legislación y la normativa sobre la cual la entidad posee competencias para perseguir y sancionar.
Sin embargo, el documento de la CMF fue falsificado y acompañado por el abogado Nicolás Benedetti mediante un escrito en el proceso arbitral que se sigue adelante entre Sasem Ingeniería y Construcciones SpA con Electrans III ante el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) Santiago. El escrito en cuestión señala que “en relación con su presentación del antecedente, por medio de la cual denuncia a Chilquinta y Electrans III, por situaciones que afectaría a Sasem Ingeniería y Construcciones SpA, cumplo con informar que logramos vislumbrar infracciones que pueden ser perseguidas y sancionadas por la CMF, sin perjuicio de las acciones civiles por responsabilidad contractual y las acciones penales mediante la contundente querella que nos hizo llegar, que se encuentra actualmente en curso ante los tribunales de justicia”.
“Yo modifiqué este documento”
El 25 de marzo, la fiscal Patricia Cerda envió un oficio a la Corte de Apelaciones de Santiago en el que detalló que el equipo de la Unidad de Investigación de la CMF tomó declaración el 17 de octubre de 2023 al abogado Álvaro Camus Cruz. En su presentación consignó que él habría recibido el oficio reservado en respuesta a su denuncia del 21 de diciembre de 2022. También dijo ser abogado del estudio jurídico Guzmán y Asociados SpA.
“Este documento me llegó a mi correo electrónico, no tengo conocimiento de quién me lo envió, no me llegó de la CMF, pero no tengo el correo que me llegó. Este documento no coincide con el documento original, no recuerdo exactamente que decía el original, pero no es exactamente lo que decía el original”, indicó, agregando que reenvió el oficio adulterado a los abogados Nicolás Benedetti y Enzo Vespa.
“Yo modifiqué este documento, prefiero decirlo desde ya, porque prefiero que no haya contradicción, esto fue accionar propio de mi motivación, nadie me lo pidió. Mi motivación fue un actuar tonto, pensé que podría quedar bien con el equipo, que podría traer algún beneficio futuro, ahora sé que suena tonto. En ningún momento nadie me dijo que lo hiciera”, concluyó.
Ante ello, la persecutora explicó que el equipo del estudio jurídico Guzmán y Asociados SpA representaba a Sasem Ingeniería y Construcción en sus diversas etapas, por lo que “no es del todo verosímil que solo Álvaro Camus conociera la falta de autenticidad de este documento, además no es socio ni representante legal del estudio”.
Descargos
En conversación con Pulso La Tercera, el abogado Rodrigo Arancibia explicó que “el 7° Juzgado de Garantía decretó, como diligencia, la incautación de correos electrónicos en contra de dos abogados, Nicolás Benedetti y Álvaro Camus, por una causa en la que ellos intervinieron y no en contra del estudio. Como en esta diligencia se afectaron derechos de otros colegas no involucrados en aquella investigación, se interpuso un recurso de amparo en favor de estos últimos, el cual actualmente se encuentra pendiente de resolución ante la Corte Suprema, luego que la Corte de Apelaciones de Santiago lo rechazara en fallo dividido”.
“Nicolás Benedetti está fuera de Chile desde junio de 2023, y Álvaro Camus no trabaja en nuestro estudio. La orden consistía en incautar correos electrónicos de estos dos colegas en una dirección determinada. No incautar o allanar un estudio. Me explico, si en Alcántara 200, oficina 307, hoy funcionara una oficina de arquitectos, hubiese sido allanada esa oficina de arquitectos. Además, si uno de ellos está fuera de Chile hace más de un año, es evidente que este ya no es su domicilio”, agregó.
Antonio Guzmán Neira encabeza dos estudios: Guzmán y Asociados, que es integrado por Pablo Errázuriz, Daniel Valenzuela, Diego Campos, Nicolás Leiva y Rodrigo Arancibia; y Guzmán y Diéguez Abogados, que es integrado por Gonzalo Diéguez, Enzo Vespa, Lynka Castillo, Eduardo Ramírez y Rodrigo Arancibia.
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